El pasado martes 17 de junio de 2025, el pleno del Consejo de Administración Legislativa (CAL) remitió a la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa el tercer proyecto de ley económica urgente presentado por el presidente Daniel Noboa. La decisión fue adoptada por unanimidad, a instancias de una moción formulada por una asambleísta, y tiene como objetivo impulsar la protección de áreas naturales y promover el desarrollo local sostenible.
Entorno y procesos del envío
Este reciente proyecto simboliza la tercera iniciativa urgente con orientación económica que el Ejecutivo ha dirigido a la Asamblea durante las primeras semanas de este gobierno. Las dos anteriores trataron cuestiones delicadas, como el combate contra economías informales relacionadas con el crimen organizado y la reforma de integridad en la contratación pública, mostrando un fuerte empuje hacia reformas estructurales.
Metas fundamentales del proyecto
Se trata de la Ley para la Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, que cumple con estos fines específicos:
- Conservación y sostenibilidad: implementar estrategias innovadoras para revivir, cuidar y monitorear áreas protegidas ante riesgos como la minería ilegal, la deforestación y actividades de grupos armados.
- Valoración de servicios ambientales: establecer beneficios económicos para las comunidades debido a su papel en la preservación de los ecosistemas y apoyar una economía verde con incentivos para prácticas responsables.
- Turismo sostenible: fomentar iniciativas de turismo ambiental, científico y recreativo, promoviendo inversión tanto pública como privada, con medidas para garantizar el cuidado del medio ambiente y la creación de empleo local.
Proceso legislativo urgente
El Comité de Crecimiento Económico ha sido encargado con la evaluación técnica y la elaboración del informe para la primera discusión. Se cuenta con un periodo de diez días para completar esta tarea, al cabo del cual deberán entregar sus hallazgos. Además, se ha fijado un lapso de cinco días para recoger las opiniones públicas, en conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, asegurando así una etapa de participación ciudadana elcomercio.com+7canalrtu.tv+7ecuador221.com.ec+7.
Conexión con otras acciones
En la misma jornada legislativa, el CAL también delegó a otra comisión un plan promovido por el Defensor del Pueblo para erradicar la servidumbre de la gleba, y se encargó a la Comisión de Desarrollo Económico examinar una modificación a la Ley de Fomento Artesanal. Esto muestra una agenda legislativa diversa con un enfoque integral en lo económico, social y ambiental.
Implicaciones y beneficios potenciales
El plan es crucial por distintas razones:
- Reestablecimiento del papel estatal: recuperar el control de regiones impactadas por economías ilícitas y fortalecer la presencia institucional.
- Desarrollo económico local: crear puestos de trabajo a través del turismo y servicios, principalmente en comunidades rurales desfavorecidas.
- Turismo responsable: promover áreas protegidas como destinos ecológicos para turistas nacionales y extranjeros, con normas ambientales y seguridad.
- Iniciativas tecnológicas y logísticas: se planea utilizar herramientas tecnológicas para la observación de territorios y el respaldo a las fuerzas de seguridad donde sea requerido.
Riesgos y debates posibles
- Privatización frente a gestión gubernamental: sectores clave expresan preocupación por la entrega de concesiones a empresas privadas en áreas estratégicas, instando a preservar la soberanía nacional sobre los recursos naturales.
- Respeto a la constitución: hay opiniones que exigen asegurarse de que el proyecto no caiga en errores como juntar temas (ambiental, penal, económico) en una única norma de urgencia, lo cual podría retrasar o anular su consideración.
Fases siguientes y desafíos
En los próximos días:
- La Comisión tiene que preparar el reporte con contribuciones técnicas, legales y ecológicas.
- Se efectuarán reuniones públicas para recoger opiniones del público y entidades.
- Después de la primera discusión en Pleno, se debería establecer un debate más extenso, incluyendo perspectivas de ministerios, entidades ambientales y administraciones locales.
- Será necesario supervisar el cumplimiento del tiempo estipulado y el método participativo para asegurar la legitimidad.
