Durante la mañana del 2 de septiembre, los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca acudieron a la sede de la Cancillería ecuatoriana para mantener un encuentro con autoridades del Gobierno nacional. En la reunión participaron la canciller Gabriela Sommerfeld y el ministro del Interior, John Reimberg. El propósito principal fue abordar la situación de seguridad en el país y coordinar estrategias conjuntas, en un contexto marcado por el incremento de la violencia y la amenaza del narcotráfico. Esta cita se llevó a cabo un día antes de la llegada del senador estadounidense Marco Rubio, cuya presencia se considera estratégica en materia de cooperación internacional.
Al finalizar el encuentro, los alcaldes brindaron declaraciones a los medios, resaltando la relevancia de la colaboración entre los distintos niveles gubernamentales. Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, detalló que la conversación abarcó varios aspectos relacionados con la seguridad de los ciudadanos, la prevención de delitos y la atención a cuestiones sociales que afectan la violencia en las zonas urbanas. Según comentó, se pidió que el Gobierno asigne a una persona responsable de supervisar diariamente temas como la situación de las personas sin hogar, en lugar de enfocar toda la gestión solo en la lucha contra el crimen organizado.
Álvarez también expresó su preocupación por la creciente inseguridad en el Golfo de Guayaquil, una zona que enfrenta dinámicas delictivas específicas relacionadas con el narcotráfico y el crimen marítimo. Señaló que este fenómeno no afecta de la misma manera a ciudades como Quito y Cuenca, por lo que insistió en establecer convenios que fortalezcan la presencia policial y las operaciones conjuntas con el Ministerio del Interior para contrarrestar estas amenazas. Para el alcalde, es fundamental que exista una coordinación permanente para enfrentar a los grupos delictivos que operan en esa área estratégica para el comercio y la economía del país.
En su intervención, Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, resaltó la importancia de esta reunión como un símbolo de cohesión nacional ante los retos del narcotráfico. Enfatizó que combatir estas bandas no debe ser solo tarea de la policía, sino que requiere un enfoque comprensivo que incluya a los municipios, al Gobierno central y a todas las comunidades sociales. Zamora insistió en la urgencia de comprender cómo estas redes criminales han logrado infiltrarse en el país, lo que demanda una respuesta decidida, ordenada y conjunta para impedir que sigan desintegrando la estructura social y afecten el porvenir de las próximas generaciones.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, estuvo presente en la conferencia de prensa y declaró que el encuentro ayudó a definir las responsabilidades que pueden asumir los municipios en el combate contra el crimen organizado. Según Muñoz, el tráfico de drogas es un peligro tan significativo que demanda una respuesta conjunta del Estado y de todas las entidades. Asimismo, mencionó que la próxima visita del senador Marco Rubio presenta la oportunidad de investigar acciones de colaboración internacional que fortalezcan las capacidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el fin de abordar de manera más efectiva a las organizaciones delictivas.
En relación con este contexto, el ministro del Interior, John Reimberg, reiteró el compromiso del Gobierno con una estrategia frontal contra los grupos delictivos. Durante su intervención, anunció que se prepara una marcha en la ciudad de Guayaquil con el lema de la paz, como parte de las acciones para visibilizar la unidad ciudadana ante la violencia. Recordó que ya se realizó una movilización similar en Quito y expresó su confianza en que la nueva convocatoria contará con el respaldo de la población guayaquileña y de ciudadanos de otras regiones. Reimberg insistió en que el país necesita mantener una postura firme y clara para restaurar la tranquilidad y la seguridad en todos los territorios.
El panorama actual refleja que Ecuador enfrenta uno de los mayores desafíos de los últimos años en materia de seguridad. La expansión del narcotráfico, la violencia asociada a bandas criminales y el aumento de delitos violentos han llevado a que los gobiernos locales y el Ejecutivo unan esfuerzos para diseñar políticas más efectivas. En este sentido, la reunión sostenida en la Cancillería no solo representa un espacio de diálogo, sino también un compromiso de trabajo conjunto que busca resultados concretos en el corto y mediano plazo.
Los representantes municipales coincidieron en que la crisis de seguridad no es un problema aislado, sino un fenómeno que afecta la estabilidad social, la economía y la percepción de confianza ciudadana. La coordinación interinstitucional se plantea como la vía más sólida para revertir esta tendencia, evitando que el crimen organizado continúe expandiendo su influencia. El desafío, sin embargo, no se limita a la aplicación de medidas represivas, sino que también implica atender factores sociales que propician la delincuencia, como la exclusión, la pobreza y la falta de oportunidades para los jóvenes.
La llegada de Marco Rubio, prevista para el 3 de septiembre, se percibe como una oportunidad para fortalecer la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad, inteligencia y control del narcotráfico. Las autoridades locales y nacionales esperan que esta visita contribuya a la implementación de programas de asistencia técnica y dotación de recursos que permitan mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de mantener el orden. En un escenario donde las amenazas se vuelven cada vez más complejas, la articulación entre actores nacionales e internacionales será clave para frenar el avance del crimen organizado.
La ciudadanía, por su parte, observa con expectativa estas acciones y espera que los acuerdos alcanzados se traduzcan en resultados tangibles. La demanda de seguridad es una de las principales prioridades en todo el país, y la efectividad de las medidas dependerá del nivel de compromiso y coordinación que logren las autoridades. Los próximos meses serán decisivos para determinar si la estrategia adoptada logra revertir la tendencia de violencia y restituir la paz que Ecuador tanto necesita.
