El Gobierno ha anunciado que, a partir del 1 de enero, la Unase se convertirá en una dirección nacional con más personal, recursos y capacidad operativa para combatir directamente la extorsión y el secuestro. La iniciativa, confirmada por el ministro del Interior, tiene como objetivo consolidar una estrategia continua contra el crimen organizado y mejorar los resultados en todo el país.
Qué cambia con la nueva estructura y por qué ahora
La decisión de elevar la Unidad Antisecuestro y Extorsión al rango de dirección nacional marca un punto de inflexión en la arquitectura de seguridad pública. Creada en 1994 y hasta ahora integrada en la Dinased, la Unase operaba con mandos y presupuestos limitados frente a fenómenos delictivos que han crecido en escala, sofisticación y crueldad. El nuevo estatus supone dotarla de más agentes especializados, tecnología de investigación avanzada y una asignación presupuestaria propia enfocada en desarticular redes de secuestro y estructuras de cobro extorsivo. El mensaje político es claro: el Estado prioriza estos delitos como amenaza central a la vida, la economía y la confianza ciudadana.
La oportunidad temporal no es casual. En los últimos meses, se ha observado un aumento en las denuncias y modalidades de extorsión que combinan llamadas intimidatorias, secuestros exprés, uso de cuentas «mulas» y coordinación desde centros penitenciarios. En paralelo, el país ha fortalecido su respuesta operativa, con un volumen de acciones policiales que, según datos oficiales, supera el millón en lo que va del año y con incautaciones de droga acumuladas que exceden las 500 toneladas en el bienio reciente. El salto institucional de la Unase busca capitalizar este impulso y traducirlo en golpes selectivos a las finanzas y mandos medios de las bandas.
Enfoque territorial: localización de los casos y redistribución de recursos
La concentración geográfica de los delitos orienta la estrategia. Las autoridades han identificado a Guayas como el epicentro de aproximadamente ocho de cada diez casos de secuestro y extorsión, lo que explica el despliegue reforzado de equipos operativos, analistas de inteligencia y capacidades de investigación financiera en esa provincia. Sin embargo, convertir a la Unase en dirección nacional implica evitar cuellos de botella: se prevé replicar protocolos, formación y herramientas en otras jurisdicciones para responder con rapidez cuando la delincuencia desplace su radio de acción o busque “efectos globo” para diluir la presión estatal.
La colaboración entre instituciones será fundamental. Las fiscalías, unidades especializadas en ciberdelincuencia, inteligencia penitenciaria, aduanas y supervisión bancaria deben coordinar sus flujos de información para rastrear el dinero, interrumpir canales de comunicación delictivos y agilizar órdenes judiciales en tiempo real. La nueva estructura permitirá ventanillas únicas, equipos mixtos y cadenas de mando más definidas para minimizar tiempos muertos entre la denuncia, la investigación y la captura.
Operaciones más exigentes: objetivos de cierre de año y proyección hacia 2025
El ministro del Interior ha anunciado una ofensiva operativa enfocada en el cierre del año, diseñada para incrementar las detenciones y desmantelar las células que sostienen la extorsión diaria en barrios, comercios y transporte. El propósito no es solo elevar las cifras, sino mejorar la calidad de los resultados: capturar cabecillas, interceptar comunicaciones, asegurar evidencias digitales y documentales, y recuperar activos que financian estas economías criminales. La promesa de que miembros y líderes de bandas pasen las fiestas en prisión se acompaña de una firme determinación logística: una vez aprehendidos, los objetivos de alto y mediano valor serán trasladados a la Cárcel del Encuentro, sin importar el lugar del país donde se realice la captura, para concentrar custodias, minimizar riesgos de fuga y prevenir operaciones de rescate.
Esta línea de acción se conecta con un 2025 que, según la autoridad, ya exhibe una fuerte capacidad operativa: más de 1,4 millones de intervenciones policiales acumuladas en el año reflejan patrullajes, allanamientos, controles, inspecciones y labores de prevención que sostienen la estructura de seguridad. La continuidad del esfuerzo requiere mantener estándares de capacitación, una rotación saludable de personal para evitar el desgaste y protocolos de bienestar que disminuyan el estrés inherente a unidades que operan bajo alto riesgo y presión temporal.
Investigación, inteligencia y justicia: tres engranajes que deben calzar
Convertir la Unase en dirección nacional solo se traducirá en mejores resultados si la investigación criminal y la acción judicial caminan al mismo ritmo. En la fase investigativa, se priorizará el uso de técnicas especiales: agentes encubiertos, entregas vigiladas, rastreo de dispositivos, análisis de patrones de llamadas y triangulación de celdas, siempre bajo control judicial. Del lado de inteligencia, el reto es mapear jerarquías y vínculos financieros: identificar empresas fachada, “enfriadores” de dinero y circuitos de lavado que convierten pagos extorsivos en activos aparentemente legales. En el ámbito judicial, la coordinación con fiscalías especializadas permitirá acelerar medidas cautelares, protección de víctimas y testigos, y decomisos precautelatorios que impacten la capacidad operativa de las bandas.
La experiencia internacional demuestra que desarticular redes de secuestro y extorsión requiere tanto la aprehensión de personas como la eliminación de sus recursos: canales de comunicación, cuentas bancarias, flotas de vehículos y acceso a armamento. La nueva dirección deberá organizar unidades de análisis financiero con acceso a informes de operaciones sospechosas, cooperación con sistemas antilavado y acuerdos con proveedores de telecomunicaciones para responder a requerimientos en tiempos perentorios.
Protección a víctimas y prevención: la otra mitad de la estrategia
Ningún avance será sostenible si las víctimas continúan solas frente a la amenaza. La ampliación de la Unase debe venir acompañada de protocolos de atención integral que incluyan orientación inmediata, canales de denuncia seguros, asesoría para preservar evidencia digital y líneas de contención emocional. La prevención también tiene un componente pedagógico: campañas para que comercios, transportistas, plataformas de delivery y profesionales independientes conozcan patrones de extorsión (como llamadas desde números enmascarados, exigencia de depósitos a cuentas “mulas” o amenazas con datos expuestos en redes) y sepan cómo actuar sin aumentar el riesgo.
En el ámbito penitenciario, es crucial controlar las comunicaciones ilícitas que se originan desde las cárceles. La implementación de inhibidores, filtros de llamadas, requisas tecnológicas y equipos para el análisis de señales debe ser combinada con investigaciones dirigidas a funcionarios y personas externas que proporcionan teléfonos y chips. Disminuir el control remoto desde las prisiones interrumpe el flujo de órdenes que fomenta la extorsión en las calles.
Transparencia e indicadores: medir para corregir oportunamente
Una dirección nacional moderna opera con métricas claras. Para evaluar el impacto, se requieren indicadores más allá de detenciones: tasa de casos resueltos, tiempos promedio de respuesta, porcentaje de rescates sin pago de rescate, monto de activos recuperados, reducción de llamadas extorsivas activas, impacto en la reincidencia y satisfacción de las víctimas con el proceso. Publicar tableros periódicos, con salvaguardas de seguridad y datos agregados, fortalece la confianza ciudadana y permite corregir desviaciones operativas antes de que se vuelvan crónicas.
La legitimidad de la nueva dirección se refuerza mediante la apertura a auditorías tanto internas como externas, además de la formación continua en derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza. El propósito es evidente: lograr eficacia en la lucha contra el crimen sin comprometer el Estado de derecho que se pretende salvaguardar.
Cooperación internacional y coordinación regional: potenciar capacidades
El crimen organizado desborda fronteras internas. En consecuencia, la nueva jerarquía de la Unase debe potenciar canales de cooperación con policías de países vecinos, centros de fusión de inteligencia y organismos multilaterales. Intercambiar alertas tempranas sobre modus operandi, perfiles de cabecillas y rutas financieras facilita anticipar desplazamientos delictivos y ejecutar operativos simultáneos. Los acuerdos para extradición rápida, asistencia legal mutua y compartir evidencia digital con cadena de custodia preservada son piezas que, bien encajadas, elevan la efectividad de cada captura.
El soporte técnico adicional también es valioso: la formación en negociación con secuestradores, el análisis forense digital, la rastreabilidad de criptoactivos y la gestión de crisis pueden acelerar la curva de aprendizaje y reducir las brechas que los grupos criminales aprovechan.
Las expectativas de la ciudadanía y el reto de mantener los resultados
La ciudadanía exige menos retórica y más seguridad tangible: poder laborar, educarse y desplazarse sin temor a recibir una llamada de extorsión o ser víctima de un secuestro exprés. Transformar a la Unase en una dirección nacional es un gesto decidido, pero lo que realmente fortalecerá la confianza será la disminución constante de incidentes y la percepción de que denunciar es valioso porque el Estado responde, protege y recupera lo perdido. Para lograrlo, además de operativos efectivos, se necesitan procesos administrativos eficientes, atención respetuosa y canales de comunicación que informen sin comprometer las investigaciones.
Sostener resultados implica gestionar el desgaste institucional: cuidar al personal con apoyo psicológico, rotaciones inteligentes y equipos adecuados; invertir en tecnología que reduzca tareas repetitivas; y mantener la coordinación política que evita mensajes cruzados. El plan, en suma, combina músculo operativo, inteligencia aplicada y cercanía con las víctimas.
Un avance crucial en una estrategia a largo plazo
La transformación de la Unase hacia una dirección nacional simboliza una apuesta por la especialización y la expansión. Con un mayor número de agentes, un presupuesto propio y una cadena de mando claramente definida, el país busca organizar y profundizar su ofensiva contra la extorsión y el secuestro, delitos que afectan tanto la vida diaria como las finanzas de familias y empresas. La ofensiva de fin de año es el inicio visible; el verdadero éxito se evaluará en 2025 y en adelante, cuando los índices disminuyan, los líderes criminales enfrenten condenas y las redes financieras que los sostienen se queden sin oxígeno. Entre la determinación política y la técnica investigativa, el desafío es transformar esta reforma en resultados que devuelvan tranquilidad a las calles y confianza en las instituciones.
