La Vicepresidencia de la República junto a cuatro ministerios implementaron, en Ecuador, una estrategia intersectorial para evitar el embarazo adolescente durante la Semana Andina de Prevención del Embarazo en Adolescentes (22–29 de septiembre de 2025). Están involucrados el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec), el Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) y el Ministerio de Gobierno (MDG), bajo el marco de la PIPENA, activo desde 2018. Esta acción cobra importancia por su orientación hacia la salud pública y protección de derechos, y debido a un decreto presidencial de mayo de 2025 que destacó el tema como una prioridad institucional.
Según el MSP, la red de 1.332 establecimientos ofrece servicios integrales y amigables para adolescentes, de acceso gratuito, confidencial y seguro. El fortalecimiento de capacidades incluye 8.685 profesionales certificados en atención integral para este grupo etario. En paralelo, la cartera ha impulsado 1.529 clubes de adolescentes, con participación de 22.548 jóvenes de 10 a 19 años, para promoción de la salud con énfasis en educación integral de la sexualidad. También se difunde la línea 171, opción 2, para orientación en salud sexual, salud reproductiva y prevención de violencias.
El Minedec ejecuta la Estrategia Nacional de Educación Integral en Sexualidad. De acuerdo con la institución, cerca de 36.000 docentes cursaron el programa “Reconoce Oportunidades Curriculares de Educación Integral en Sexualidad” y, en el último año, más de 344.000 estudiantes aplicaron instrumentos y metodologías asociadas. Además, 400 profesionales fueron capacitados en “Herramientas para la asesoría en salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes”, en alianza con la Universidad Javeriana. La estrategia prioriza 1.133 instituciones educativas y ha sensibilizado a más de 678.000 estudiantes en prevención de la violencia sexual y de género mediante el Recorrido Participativo.
El MDH centra sus esfuerzos en la protección completa de infantes y adolescentes en condiciones vulnerables, con 11.700 servidores capacitados en derechos para la formación integral en sexualidad. La política social se complementa con ayudas económicas (bonos y pensiones) dirigidas hacia la inclusión económica y el respaldo a víctimas de violencias, especialmente aquellas relacionadas con pobreza y pobreza extrema.
El MDG gestiona 41 Servicios de Protección Integral y 15 Centros Violeta en 40 cantones, proporcionando asistencia a quienes sufren de violencia de género, trata y tráfico. Cuentan con equipos legales, psicológicos y de trabajo social. Estas entidades ofrecen atención, acompañamiento y asesoría en formatos individual, familiar y comunitario, en coordinación con otras instancias del Ejecutivo.
El Gobierno enmarca la respuesta en determinantes sociales: necesidades básicas insatisfechas, barreras de acceso a servicios de salud, déficit de educación integral de la sexualidad y la naturalización de la violencia sexual y uniones tempranas. El decreto presidencial de mayo de 2025 asignó a la Vicepresidencia la conducción política del tema, con mandato para coordinar políticas públicas integrales, planes, programas y proyectos.
Aunque los avances de cobertura y formación son tangibles, aún faltan métricas de resultado para evaluar impacto: tasa actual de embarazo adolescente, metas 2025–2026, presupuesto ejecutado y brechas por territorio y grupo étnico. El próximo paso es publicar indicadores comparables, con línea base y metas trimestrales, para asegurar rendición de cuentas y ajustes de política basados en evidencia.
